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El refuerzo de la ciberseguridad en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no llega en un momento cualquiera.

• Coincide, de hecho, con uno de los episodios de mayor tensión administrativa de los últimos años: la regularización extraordinaria de inmigrantes que está colapsando ayuntamientos, oficinas públicas y servicios sociales en toda España.
• Mientras en la calle se multiplican las colas, el Gobierno ha activado en paralelo un blindaje tecnológico de primer nivel.
• Según la documentación oficial consultada, el Ejecutivo ha sacado a licitación un contrato de más de 2,5 millones de euros destinado a renovar y reforzar los sistemas de seguridad perimetral que protegen al organismo encabezado por Elma Saiz.

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El objetivo es claro: actualizar los cortafuegos que protegen los accesos externos, la red SARA —clave en la comunicación entre administraciones— y las capas internas de la infraestructura digital. En términos técnicos, se trata de reforzar las defensas frente a ciberataques en un momento especialmente delicado, con un volumen de datos y trámites disparado por el proceso de regularización. La operación no es menor. El contrato contempla tanto la renovación de licencias como la adquisición de nuevos equipos, además de servicios de instalación avanzada y soporte durante tres años. Todo ello dentro de sistemas catalogados con un nivel de seguridad “alto” conforme al Esquema Nacional de Seguridad, lo que da una idea de la criticidad de la información que manejan.